Bilingual Weekly | Español

Por Pablo Rodríguez

No hay duda que la reforma migratoria tiene un largo camino por recorrer para garantizar la reunificación familiar y un camino a la ciudadanía para la comunidad indocumentada. Debemos seguir luchando por la Acta del Sueño federal y exigir el fin de Comunidades Seguras y programas 287 (g) que permiten a las agencias de seguridad estatales y locales colaborar con el ICE. Mantengo la esperanza porque California tuvo grandes victorias el año pasado que demuestran cuán poderosa es la unión con la dignidad al igual que nuestra brújula moral puede ser.

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Condado de san Joaquín,- El grupo de prevención de Enfermedades Crónicas y Obesidad del Condado de San Joaquín, llevo a cabo la cumbre del asma 2012, “Conexión de la Comunidad para Combatir el Asma”, en las Oficinas de Educación del Condado de San Joaquín la mañana del sábado, 10 de marzo.   Continue reading »

Comentarista: Richard Soto

Bud West, director de la escuela Kohl Open junto a maestros y personal escribieron “Victima de balacera Deja un Vacío Grande,” una carta al editor publicada en la edición del 6 de Marzo del 2012 del The Record, — el diario de Stockton.

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San Joaquín County— “Somos los esclavos de Estados Unidos,” dijo José García residente de Stockton durante una junta general del Sindicato de Campesinos Unidos (United Farm Workers Union — UFW) dentro de las instalaciones de la Comisión Honorifica Mexicana el Miércoles 7 de Marzo.

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Por Jacquie Marroquín

En su proyecto de presupuesto 2013, el presidente Obama trazó el plan del gobierno de recortar 17 millones de dólares de la fallida, costosa, de 16-años de existencia, programa 287 (g) para ampliar el programa igualmente fracasado, caro de cuatro años  de existencia, Comunidades Seguras.

Ambos programas fueron creados para permitir que la policía estatal y local para revisar las huellas dactilares de los más violentos y peligrosos delincuentes que se reservan en la cárcel con bases de datos federales de inmigración. Si hay una discrepancia en la base de datos federal, entonces la policía local debe mantener a la persona en una “retención” hasta que los agentes federales del ICE puede averiguar si esa persona está documentado o no. Ellos toman la decisión, si deben o no poner a esa persona en proceso de deportación.

La suposición aquí es que todo aquel que es arrestado debe ser un criminal, porque la policía no detiene a cualquiera, ¿verdad? Aquí es donde se pone complicado. Usted ve, el gobierno federal define los crímenes por los niveles. Nivel 1 o de delitos graves son, “dos o más delitos cada uno castigables por más de un año.” Comunidades Seguras suena como que mantiene a la gente más segura y está en consonancia con la intención original del programa, pero de acuerdo con el ICE, sólo 3 de 10 personas deportadas en realidad caen en esta categoría  de grave.
Según sus propios datos del 2008 a 2011,  ICE deportó 7 de cada 10 inmigrantes indocumentados que no eran delincuentes o delincuentes de bajo nivel en el ámbito nacional. Esto significa que la gran mayoría de las personas víctimas de Comunidades Seguras y 287 (g) no cumplían  la intención original de los programas.
• Sabemos de Felipe Montes, quien fue deportado a México de Carolina del Norte en 2010 y ahora está luchando para mantener sus derechos de padre de sus hijos ciudadanos estadounidenses que se encuentran actualmente bajo cuidado de crianza.
• Sabemos Jakadrien Turer, un ciudadano de 15 años de edad de EE.UU. que fue deportada de Texas a Colombia en  el 2011 y estuvo desaparecida durante varios meses antes de que su familia se enterara de su paradero y la trajera a casa.
• Sabemos de María Bolaños de Maryland, quien llamó a la policía en busca de ayuda cuando su pareja la golpeaba sólo para encontrarse detenida y bajo la real amenaza de una deportación.

En otras palabras, todas y cada interacción con la policía puede hacer a los inmigrantes indocumentados, documentados e incluso ciudadanos de EE.UU.-vulnerables a una averiguación  adicional del ICE, e incluso la deportación. Todo el mundo quiere vivir en comunidades seguras, pero haciendo  a las víctimas y testigos de delitos vulnerables a la deportación daña la seguridad pública  de todos. Por lo tanto, Comunidades Seguras  ya no sirve  a nuestros intereses y ya no refleja los valores que compartimos como estadounidenses
¿Sabía también que, de acuerdo con un informe general fiscal del Foro Nacional de Inmigración de febrero del 2011, el gobierno gasta $23.000 dólares para deportar a un solo inmigrante? (Nota: el Departamento de Salud y Servicios Humanos también informa que el nivel de pobreza para una familia de cuatro es de $ 24.000 al año.) El informe señala que el gobierno deportó a 197.000 inmigrantes sin antecedentes penales. Esto equivale a más de $ 4.5 mil millones de dólares al año para deportar a miembros de la comunidad respetuosos de la ley que de otra manera alimentarían la prosperidad económica a través de su productividad, contribuciones fiscales y  su  poder como consumidores.

Con prácticamente ninguna supervisión del Congreso y un presupuesto cada vez mayor e incuestionable, Comunidades Seguras logra exactamente lo contrario de lo que  pretendía hacer. Según la Administración, “El presupuesto del Presidente del 2013 se basa en la idea de que  en nuestro país es mejor, cuando todo el mundo tiene una oportunidad justa,  hace su parte, y juega con las mismas reglas.” Sin embargo, la naturaleza misma del programa de Comunidades Seguras va en contra de la  misma declaración del Presidente. Los inmigrantes no están recibiendo una oportunidad justa, el gobierno federal no está haciendo su parte para crear una reforma migratoria justa y equitativa con un claro camino a la legalización, y todo el mundo no está jugando por el mismo conjunto de reglas.

Hasta que el gobierno federal asume la responsabilidad de reformar el sistema migratorio, el cual es anticuado y ya no sirve  nuestros intereses, le corresponde a los Estados a tomar medidas. Se puede ir de dos maneras: la forma de severas políticas anti-inmigrantes como la de Arizona y Alabama, o las soluciones viables que nos mueve hacia adelante juntos, como California, donde La ley del Fideicomiso de 2.0 (A.B 1801 Ammiano) está haciendo su camino a través de la legislatura. La Ley del Fideicomiso de 2.0 reformaría la participación del Estado en el programa de Comunidades Seguras no para reducir el peso sobre los gobiernos locales y la policía local y  restablecer la confianza entre la policía y las comunidades locales para que realmente hacer comunidades seguras para todos.

El Consulado General de México en Sacramento ofrece a los deportistas de origen Mexicano que viven en el norte de California la posibilidad de competir en México y eventualmente, tener la opción de continuar una carrera deportiva en el país. Como en años anteriores, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) invita a la comunidad de origen mexicano a participar en la Olimpiada Nacional 2012, organizada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) de México, que tendrá lugar en mayo y junio del presente año. Los interesados en participar en cualquiera de las 32 disciplinas que conformarán la competencia, deberán solicitar y entregar  la ficha de registro al Consulado y los requisitos adicionales antes del 23 de marzo de 2012.

Para más información llame al Consulado General de México en Sacramento 916-441-3287

El Puente de Mossdale es un lugar no atractivo para visitar en las maestar en las mañanas del invierno.

Me aventuré en sus maderas viejas en la mañana cuando empezamos el servicio de Ángela. El sol ya intentaba abrir camino en la barrera de nubes. Un viento fresco mezclado con aire frio que sube del río. Con espacios vacíos entre durmientes del ferrocarril y por el metal gris que ralla, me aseguré que mi teléfono celular y mi cartera estuvieran seguros. Lo que pareció completamente inseguro fue mi seguridad al subir la escalera. Continue reading »